La aplicación práctica de la Ley 2/2023 entra en una nueva fase con la habilitación de la sede electrónica de la Autoridad Independiente de Protección del Informante (AIPI). Desde este momento, las entidades obligadas pueden —y deben— comunicar oficialmente el nombramiento o cese del Responsable del Sistema Interno de Información (RSI) a través de un formulario electrónico habilitado por la propia autoridad.
Esta novedad no es un simple trámite administrativo. Supone que la obligación legal de designar y registrar al RSI pasa a ser plenamente exigible, controlable y verificable. El cumplimiento deja rastro y puede ser supervisado directamente por la autoridad competente.
¿Qué es la AIPI y por qué tiene un papel clave en la Ley 2/2023?
La Autoridad Independiente de Protección del Informante (AIPI) es un organismo administrativo independiente creado expresamente por la Ley 2/2023. Su misión principal es garantizar el correcto funcionamiento de los Sistemas Internos de Información y proteger de forma efectiva a las personas informantes frente a represalias, lo que implica que puede iniciar procedimientos e imponer sanciones en caso de incumplimiento de la normativa.
A diferencia de otros organismos de carácter consultivo, la AIPI cuenta con:
- Competencias de supervisión e inspección
- Capacidad para iniciar procedimientos sancionadores
- Potestad para imponer sanciones económicas relevantes
La habilitación de su sede electrónica confirma que la AIPI ya está plenamente operativa y preparada para ejercer sus funciones con efectos reales sobre las entidades obligadas.
¿Es obligatorio registrar al Responsable del Sistema Interno de Información (RSI)?
Sí. La Ley 2/2023 obliga a todas las entidades incluidas en su ámbito de aplicación a designar formalmente un Responsable del Sistema Interno de Información y a notificar dicho nombramiento a la autoridad competente.
Con la habilitación de la sede electrónica de la AIPI, esta obligación deja de ser meramente teórica. El registro del RSI ya no puede posponerse ni tratarse como una cuestión secundaria: es una exigencia legal.
Además, cualquier modificación posterior del RSI —incluido su cese— también debe ser comunicada siguiendo el procedimiento establecido.
El registro del RSI no es un trámite aislado
Uno de los aspectos más relevantes del procedimiento habilitado por la AIPI es que no se limita a indicar un nombre y adjuntar un documento. El propio formulario y el manual oficial publicado por la AIPI dejan claro que la notificación presupone que la entidad ya dispone de un Sistema Interno de Información correctamente implantado.
Para completar el registro es necesario haber definido previamente, entre otros aspectos:
- El tipo de RSI (persona física u órgano colegiado).
- El modelo de gestión del sistema.
- La plataforma utilizada para el canal de denuncias.
- El sector de actividad y el ámbito territorial.
- La publicidad del canal interno.
- La documentación que acredita válidamente el nombramiento.
La sede electrónica exige coherencia jurídica, organizativa y técnica. No admite improvisaciones.
¿Por qué muchas entidades creen que cumplen, pero en realidad no lo hacen?
Uno de los errores más habituales es confundir la existencia de un “canal de denuncias” con el cumplimiento de la Ley 2/2023. En la práctica, muchas organizaciones utilizan soluciones como:
- Correos electrónicos genéricos
- Formularios web sin cifrado reforzado
- Buzones físicos
- Herramientas internas sin control de accesos ni trazabilidad
Sin embargo, la AIPI ha sido clara en sus criterios interpretativos: el canal interno de información debe basarse en una plataforma segura, cifrada de extremo a extremo y diseñada desde su origen para proteger la confidencialidad y el anonimato.
Las soluciones improvisadas o de bajo nivel técnico no cumplen con la ley, aunque se hayan implantado con buena intención.
¿Por qué el registro del RSI deja al descubierto estas deficiencias?
La notificación del RSI actúa como un punto de control. Para poder registrarlo correctamente, la entidad debe haber tomado decisiones previas que no son evidentes para quien no conoce en profundidad la normativa, y muchas organizaciones se enfrentan a preguntas que no saben responder correctamente:
- ¿Debe el RSI ser unipersonal o colegiado?
- ¿Quién actúa como persona intermediaria?
- ¿Cómo se garantiza su independencia funcional?
- ¿Qué documentación es válida para acreditar el nombramiento?
Responder correctamente a estas cuestiones requiere un conocimiento técnico y jurídico que va mucho más allá de rellenar un formulario.
¿Qué consecuencias puede tener no cumplir correctamente con esta obligación?
La Ley 2/2023 tipifica como infracciones muy graves, entre otras, la falta de implantación del Sistema Interno de Información en los términos exigidos por la ley, la vulneración de la confidencialidad o el anonimato del informante, o la ausencia de designación y notificación del RSI.
Las sanciones pueden alcanzar hasta 1.000.000 de euros, además de los riesgos reputacionales, organizativos y laborales que puede generar una mala gestión del sistema.
La activación de la sede electrónica de la AIPI convierte estos riesgos en reales y actuales.
¿Cómo puede ayudarte Legal ESI en este proceso?
En Legal ESI abordamos el registro del RSI como parte de un proceso completo. Diseñamos Sistemas Internos de Información alineados con los criterios de la AIPI, implantamos plataformas seguras, preparamos toda la documentación exigida y gestionamos de forma integral la comunicación ante la autoridad competente.
La habilitación de la sede electrónica de la AIPI marca un punto de inflexión. A partir de ahora, el cumplimiento deja huella. Y hacerlo bien requiere experiencia, criterio y especialización.
